sábado, 25 de agosto de 2012

RAZONES PARA LA OBJECIÓN CONTRA LA REFORMA SANITARIA





RAZONES PARA LA OBJECIÓN CONTRA LA REFORMA SANITARIA


Manifiesto

Curar no sólo es nuestra obligación,
sino también nuestro derecho. 

 

8 motivos para la resistencia individual y colectiva frente a la exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Médicos del Mundo hace un llamamiento a la objeción del personal sanitario. El decreto plantea importantes problemas éticos para profesionales de la Sanidad (personal médico, de enfermería, farmacia, administrativo, trabajo social…).

Desde el Juramento Hipocrático hasta la adopción en 1948 de la Declaración de Ginebra por la Asociación Médica Mundial (AMM), la profesión ha expresado en forma de código deontológico su alto compromiso con la misión de proteger la salud de la población sin discriminación. “NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente” (Declaración de Ginebra de 1948 propuesta por la AMM como juramento alternativo al Hipocrático).

La Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente recoge: “Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, el personal médico debe buscar los medios apropiados para asegurarlos y restablecerlos”.

Ante la exclusión de la atención de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que plantea el decreto, Médicos del Mundo insta al personal sanitario a que ejerza su derecho a la resistencia individual y colectiva y a la objeción de conciencia en favor de la atención a todas las personas que lo requieran independientemente de su situación administrativa.

1.- La reforma afecta al derecho fundamental a la saludEl decreto colisiona con la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Además, es contraria al derecho internacional público y a los tratados suscritos por España que reconocen el derecho a un acceso a la asistencia médica sin discriminación para todas las personas. El Gobierno tiene potestad para aprobar normas con rango de ley por razones de necesidad urgente, esta no puede afectar derechos fundamentales como el derecho a la salud.

2.- Limitar la atención a urgencias agravará patologías e incrementará costes Circunscribir la atención sanitaria a urgencias puede conducir a un agravamiento o cronificación de las enfermedades a causa de un retraso en su diagnóstico o que presentan escasas manifestaciones clínicas (síntomas). Las consecuencias serán en muchas ocasiones la hospitalización o la utilización de tratamientos más agresivos lo que supone mayor coste que la atención primaria y, en el caso de ciertas patologías, menor eficiencia médica.

3.- Las personas con enfermedades crónicas se quedan sin atención. Inmigrantes en situación irregular con enfermedades crónicas (como el VIH, diabetes, hipertensión arterial, etc..) o que requieren tratamiento prolongado (cáncer o diálisis) perderán el acceso al mismo a partir del 1 de septiembre con la retirada de la tarjeta sanitaria. El decreto sólo deja como alternativa las urgencias lo que redundará en un diagnóstico tardío (con las complicaciones que conlleva) y problemas para recibir tratamiento, seguimiento, acceso a especialistas, etc…

4.- La discriminación sanitaria es contraria a la salud pública. Obstaculizar el acceso a la salud de las personas inmigrantes perjudica a los propósitos generales de salud pública. La ‘segregación sanitaria’ de las personas inmigrantes sin permiso de residencia resulta arriesgado y médicamente irresponsable porque aparta a una parte de la población de las medidas de prevención y de tratamiento. Además, la falta de acceso a atención primaria puede dificultar el cumplimiento del tratamiento de determinadas enfermedades infecciosas y tener graves repercusiones para la salud pública.

5.- La respuesta para la atención a inmigrantes no es la beneficencia. La salud es un derecho del cual toda persona es titular y que debe ser garantizado por los Estados. El decreto sienta las bases para un sistema paralelo de ‘caridad’ y el Estado hace una dejación de sus obligaciones en la protección de la salud de las personas. Las ONG no deben ni van a sustituir al Estado.
6.- Las personas inmigrantes no colapsan la atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público. Diversos estudios señalan que suponiendo más del 10% de la población suponen apenas el 5% de las visitas a consulta de atención primaria.

7.- Turismo sanitario e inmigración son cosas distintas. Las personas migrantes son contribuyentes a los presupuestos sanitarios a través de los impuestos que financian la sanidad como el IVA, los impuestos especiales o el céntimo sanitario. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país.

8.- España, en el furgón de cola de la UE. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.

La salud es un derecho y facilitar atención sanitaria es nuestro compromiso. Expresamos nuestra preocupación ante la situación de desamparo en la que quedan las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. En este sentido, no admitimos la exclusión, por razones administrativas, del derecho a la atención sanitaria de ninguna persona que viva en territorio español, comprometiéndonos, individual y colectivamente, a promover y asegurar el acceso a los servicios sanitarios para toda persona que necesite atención y cuidados en salud.

 http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/manifiesto/#.UDhokqMcLKd

 

 

miércoles, 22 de agosto de 2012

Médicos del Mundo lanza un vídeo para promover la objeciónseguir atendiendo a inmigrantes sin papeles

  Médicos del Mundo lanza un vídeo para promover la objeción seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles

22 ago 2012
Médicos del Mundo ha lanzado la campaña "Derecho a curar" en apoyo de la objeción de conciencia del personal sanitario para que pueda asistir a la población inmigrante irregular que quede fuera del sistema a partir del próximo 1 de septiembre, cuando entre en vigor la reforma sanitaria. La Ong ha puesto en marcha esta acción de movilización ciudadana contra el decreto del Gobierno que, a su juicio, según señala en un comunicado, "deja a las personas sin permiso de residencia sin acceso al sistema sanitario público". La campaña incluye este vídeo en el que distintos profesionales de la salud parecen estar jurando que no atenderán a los inmigrantes sin papeles, pero luego se ve que mientras están diciéndolo cruzan tienen los dedos cruzados.


sábado, 18 de agosto de 2012

La sanidad está en venta Y también nuestra salud.


La sanidad está en venta Y también nuestra salud.

Prólogo de Vicenç Navarro



Disponer de una atención sanitaria pública, universal y de calidad es un derecho ciu­da­­dano, independiente de la condición so­cial o lugar de residencia. La progresiva aplicación de políticas neoliberales, que desmantelan el Estado del bienestar y favorecen la priva­tización de la sanidad, daña nuestra sa­lud y aumenta la desigualdad. Como si fuera una mercancía más, la sanidad pública está "en venta": se cierran centros de atención prima­ria, urgencias y quirófa­nos, aumentan las listas de espera, se am­plia el repago... La ciu­­da­danía debe saber lo que nos jugamos: per­­der un derecho esen­cial conseguido tras lar­­gas luchas so­cia­les. El crecimiento de un movimiento popular, par­­ticipativo y valien­te, que de­fien­de y promue­ve la mejora de la sanidad pública es motivo de esperanza. Es­te libro puede ayudar a que la ciudadanía de­­fienda un derecho hoy seria­mente amenazado.
 
GREDS-EMCONET es un grupo de in­­­ves­­tigación del Departamento de Cien­­cias Políticas y Sociales de la Uni­­ver­sitat Pompeu Fabra (UPF) que tiene como objetivo princi­pal la ge­ne­­ra­­­­ción de información cien­tífica, la trans­fe­rencia de cono­cimiento a la sociedad y la formación de in­ves­ti­gadores en relación al origen, pro­ducción y accio­nes polí­ticas ne­ce­­sarias para cono­cer y hacer frente a las desigualdades socia­les en sa­lud.
Las desigualdades sociales en salud son las diferencias siste­má­­ticas en salud que hay entre gru­pos de pobla­ción, las cuales se ca­rac­terizan por ser evitables e in­­­jus­­tas. Las causas de estas desi­gualdades se encuentran en las es­tructuras socia­les y en el im­pac­­to que las insti­tu­cio­nes polí­ti­cas, económicas y legales tienen en los diferentes grupos sociales.
+Información: http://www.upf.edu/greds-emconet/es/
 El Juego " A quién le tocará la cama"

jueves, 16 de agosto de 2012

La sanidad como mercancía.

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía

Joan Benach es profesor de Salud Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.
El País 16-8-2,012

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.

En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.
Para que la privada pueda lucrarse hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” a la pública

En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).

A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora).

En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados.
En las autonomías se ha producido un goteo constante de estrategias de privatización
En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.
A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.
Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en shock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.

Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla.

Joan Benach es profesor de Salud Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.

Fuente:


lunes, 6 de agosto de 2012

CARTA ABIERTA DE UN NEUROCIRUJANO AL MINISTRO GALLARDÓN. Javier Esparza.

Viñeta de El Roto

CARTA ABIERTA DE UN NEUROCIRUJANO AL MINISTRO GALLARDÓN

Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento

El neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos de España, alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone desde su experiencia los sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta.

 

He sido neurocirujano durante 40 años en diversos hospitales públicos españoles, hasta hace dos años, cuando me jubilé. En 1982, creé el Servicio de Neurocirugía Infantil del Hospital Infantil 12 de Octubre de Madrid, del que he sido jefe hasta hace dos años, además de haber desempeñado otros puestos de responsabilidad: director del Hospital del Niño Jesús en Madrid, director médico del Hospital 12 de Octubre, secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía, secretario de la Comisión Nacional de Neurocirugía y profesor asociado de la Universidad Complutense.
Durante estos últimos 28 años de mi vida profesional, dedicados exclusivamente a la neurocirugía infantil, he tenido que tratar a muchos cientos de niños que padecían malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o espina bífida abierta. Desgraciadamente, he sido testigo y he tenido que enfrentarme al tremendo sufrimiento que causan estas anomalías a las familias, pero sobre todo a los propios niños.
Quiero suponer, pues no puedo entenderlo de otra manera, que la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es producto del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades. Una de ellas, la espina bífida abierta (o mielomeningocele), consiste en la ausencia completa del necesario cierre de la médula espinal en el feto. Por esta razón, el tejido nervioso normal de la médula no se desarrollará. En este proceso también participan las ausencias de cierre de la columna vertebral, grupos musculares e incluso de la piel en las áreas en las que la malformación se localiza, generalmente la región lumbar, pero también la dorsal. Así, un niño que nazca con esta patología puede sufrir toda su vida de los siguientes problemas.
» Parálisis de ambas piernas. En los casos más graves, que desgraciadamente podrían ser la mayoría si la ley se modificase, el grado de parálisis será completo.
» Atrofia en estos casos de los músculos de los dos miembros inferiores con grandes deformaciones en los pies, piernas y también en la espalda, con desviaciones muy graves de la columna vertebral.
» Incontinencia completa de orina y de heces.
» Impotencia sexual completa.
» Hidrocefalia: crecimiento exagerado de la cabeza en el 90% de los niños.
» Malformación de Chiari II: malformación en el cerebelo.
» Siringomielia frecuente: desarrollo de cavidades anormales en el resto del interior de la médula espinal, que pueden causar parálisis de ambos brazos.
» Deficiencia mental en el 55% de los niños aproximadamente. Eso si las medidas aplicadas han sido las correctas durante toda la vida.
El tratamiento de estas patologías es muy complejo, y se requieren unidades multidisciplinarias altamente especializadas. Precisarán numerosas operaciones realizadas por muy variados especialistas y en diferentes etapas de la vida: neurocirujanos, traumatólogos, urólogos, cirujanos pediátricos, cirujanos plásticos, etc. Además de necesitar rehabilitación permanente, vigilancia pediátrica y antibioterapia muy frecuente, añadiéndose además todo tipo de aparatos ortopédicos, sondajes vesicales permanentemente, sillas de ruedas y un largo etcétera.

"Estas anomalías causan un enorme sufrimiento a los propios niños"
Naturalmente, todas estas intervenciones quirúrgicas, la mayoría de ellas muy complicadas, conllevan un número no despreciable de complicaciones, lo que ensombrece todavía más los problemas.
Finalmente, resumiré el pronóstico vital y la calidad de vida de estos niños. Como resultado de tantas intervenciones, su estancia en los hospitales puede ser muy prolongada, incluso en algunos casos hasta años de hospitalización. Es por lo tanto imposible una escolarización correcta. Pero el colmo es que todos estos esfuerzos sanitarios, sociales, familiares y del propio niño terminarán antes de las dos primeras décadas, pues la mayoría de estos niños habrán fallecido, dado que esta malformación presenta numerosas complicaciones muy tardías y difíciles de solucionar.
Que las malformaciones congénitas del sistema nervioso son las más frecuentes entre todas las malformaciones fetales graves es un hecho ya muy conocido. Por ejemplo, la anencefalia (falta completa de desarrollo de los hemisferios cerebrales) se cifra, según la prestigiosa revista JAMA (año 2000), en seis por cada 1.000 recién nacidos vivos o muertos.
No se tienen datos exactos de la incidencia de la espina bífida abierta en la población española antes de las actuales medidas preventivas y de la implantación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero se pueden citar las estadísticas del Reino Unido (entre uno y dos por cada 1.000) o de Irlanda (tres por cada 1.000).
En Argentina, país en el que la interrupción del embarazo solo se permite en casos de violación, pero en el que se realiza como en España la prevención con ácido fólico durante la gestación, la cifra publicada en al año 2000 es de 2,7 por cada 1.000 recién nacidos vivos.


En España se ha practicado durante muchos años un excelente programa de prevención de la espina bífida, y desde la implantación de la ley del aborto, la prevención con ácido fólico durante la gestación y el diagnóstico prenatal de estas lesiones, la prevalencia es solo de ocho casos por cada 10.000 recién nacidos vivos; es decir, uno por cada 1.000 en recién nacidos vivos. En sectores profesionales implicados en estos problemas esto siempre se ha considerado como un gran avance de la sanidad española, en comparación con periodos históricos anteriores, y también con otros países.
Desgraciadamente, si se suprime el supuesto de interrupción del embarazo, mucho me temo que volveremos de nuevo a cifras terribles, dado que se trata de malformaciones frecuentes.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la natalidad española es de 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Es decir, de 486.000 en el año 2010 y de 468.000 en 2011. Extrapolando datos, podríamos asumir que España se colocaría en una situación similar a la de Argentina, con 2,7 por cada 1.000 casos, o a la de Irlanda —que permite solo el aborto por riesgo para la salud de la mujer—, que con terapia de ácido fólico tiene un porcentaje de tres por cada 1.000 casos en recién nacidos vivos. Así, en el caso español y continuando el tratamiento preventivo con ácido fólico, nos colocaríamos en una cifra aproximada de 1.200 a 1.400 casos de niños con espina bífida al año.
¿Es el Gobierno consciente de ello? ¿Cómo piensa gestionar este problema? ¿Qué se les puede explicar a las familias e incluso a los futuros niños? ¿Que por la decisión de un político que fue ministro de Justicia no han podido valorar otras opciones?
No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo imaginable. Por otra parte, siempre he creído que los Gobiernos y las leyes deben estar al servicio de los seres humanos para ayudarlos, pero no para castigarlos; y mucho menos por intereses posiblemente espurios.