La Salud es un derecho. Es nuestra. Es de tod@s
jueves, 30 de agosto de 2012
sábado, 25 de agosto de 2012
RAZONES PARA LA OBJECIÓN CONTRA LA REFORMA SANITARIA
RAZONES PARA LA OBJECIÓN CONTRA LA REFORMA SANITARIA
Manifiesto
Curar no sólo es nuestra obligación,
sino también nuestro derecho.
8 motivos para la resistencia individual y colectiva frente a
la exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la
atención sanitaria.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Médicos del Mundo hace un llamamiento a la objeción
del personal sanitario. El decreto plantea importantes problemas éticos
para profesionales de la Sanidad (personal médico, de enfermería,
farmacia, administrativo, trabajo social…).
Desde el Juramento Hipocrático hasta la adopción en 1948 de la Declaración de Ginebra por la Asociación Médica Mundial (AMM), la profesión ha expresado en forma de código deontológico su alto compromiso con la misión de proteger la salud de la población sin discriminación. “NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente” (Declaración de Ginebra de 1948 propuesta por la AMM como juramento alternativo al Hipocrático).
La Declaración de Lisboa de la AMM sobre los Derechos del Paciente recoge: “Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, el personal médico debe buscar los medios apropiados para asegurarlos y restablecerlos”.
Ante la exclusión de la atención de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que plantea el decreto, Médicos del Mundo insta al personal sanitario a que ejerza su derecho a la resistencia individual y colectiva y a la objeción de conciencia en favor de la atención a todas las personas que lo requieran independientemente de su situación administrativa.
1.- La reforma afecta al derecho fundamental a la saludEl
decreto colisiona con la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
Además, es contraria al derecho internacional público y a los tratados
suscritos por España que reconocen el derecho a un acceso a la
asistencia médica sin discriminación para todas las personas. El
Gobierno tiene potestad para aprobar normas con rango de ley por razones
de necesidad urgente, esta no puede afectar derechos fundamentales como
el derecho a la salud.
2.- Limitar la atención a urgencias agravará patologías e incrementará costes
Circunscribir la atención sanitaria a urgencias puede conducir a un
agravamiento o cronificación de las enfermedades a causa de un retraso
en su diagnóstico o que presentan escasas manifestaciones clínicas
(síntomas). Las consecuencias serán en muchas ocasiones la
hospitalización o la utilización de tratamientos más agresivos lo que
supone mayor coste que la atención primaria y, en el caso de ciertas
patologías, menor eficiencia médica.
3.- Las personas con enfermedades crónicas se quedan sin atención. Inmigrantes
en situación irregular con enfermedades crónicas (como el VIH,
diabetes, hipertensión arterial, etc..) o que requieren tratamiento
prolongado (cáncer o diálisis) perderán el acceso al mismo a partir del 1
de septiembre con la retirada de la tarjeta sanitaria. El decreto sólo
deja como alternativa las urgencias lo que redundará en un diagnóstico
tardío (con las complicaciones que conlleva) y problemas para recibir
tratamiento, seguimiento, acceso a especialistas, etc…
4.- La discriminación sanitaria es contraria a la salud pública. Obstaculizar
el acceso a la salud de las personas inmigrantes perjudica a los
propósitos generales de salud pública. La ‘segregación sanitaria’ de las
personas inmigrantes sin permiso de residencia resulta arriesgado y
médicamente irresponsable porque aparta a una parte de la población de
las medidas de prevención y de tratamiento. Además, la falta de acceso a
atención primaria puede dificultar el cumplimiento del tratamiento de
determinadas enfermedades infecciosas y tener graves repercusiones para
la salud pública.
5.- La respuesta para la atención a inmigrantes no es la beneficencia. La
salud es un derecho del cual toda persona es titular y que debe ser
garantizado por los Estados. El decreto sienta las bases para un sistema
paralelo de ‘caridad’ y el Estado hace una dejación de sus obligaciones
en la protección de la salud de las personas. Las ONG no deben ni van a
sustituir al Estado.
6.- Las personas inmigrantes no colapsan la atención primaria. Es
falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario
público. Diversos estudios señalan que suponiendo más del 10% de la
población suponen apenas el 5% de las visitas a consulta de atención
primaria.
7.- Turismo sanitario e inmigración son cosas distintas. Las
personas migrantes son contribuyentes a los presupuestos sanitarios a
través de los impuestos que financian la sanidad como el IVA, los
impuestos especiales o el céntimo sanitario. Las personas inmigrantes no
vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura
socio-sanitaria. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo
entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las
personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por
los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país.
8.- España, en el furgón de cola de la UE. No es
cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las
personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España
nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel
de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras
no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las
urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre
los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención
sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno
como Francia, Bélgica, Italia y Portugal las personas extranjeras sin
permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.
La salud es un derecho y facilitar atención sanitaria es nuestro compromiso. Expresamos
nuestra preocupación ante la situación de desamparo en la que quedan
las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. En este
sentido, no admitimos la exclusión, por razones administrativas, del
derecho a la atención sanitaria de ninguna persona que viva en
territorio español, comprometiéndonos, individual y colectivamente, a
promover y asegurar el acceso a los servicios sanitarios para toda
persona que necesite atención y cuidados en salud.
http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/manifiesto/#.UDhokqMcLKd
miércoles, 22 de agosto de 2012
Médicos del Mundo lanza un vídeo para promover la objeciónseguir atendiendo a inmigrantes sin papeles
Médicos del Mundo lanza un vídeo para promover la objeción seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles
22 ago 2012
Médicos del Mundo ha lanzado la campaña
"Derecho a curar" en apoyo de la objeción de conciencia del personal
sanitario para que pueda asistir a la población inmigrante irregular que
quede fuera del sistema a partir del próximo 1 de septiembre, cuando
entre en vigor la reforma sanitaria. La Ong ha puesto en marcha esta
acción de movilización ciudadana contra el decreto del Gobierno que, a
su juicio, según señala en un comunicado, "deja a las personas sin
permiso de residencia sin acceso al sistema sanitario público". La
campaña incluye este vídeo en el que distintos profesionales de la salud
parecen estar jurando que no atenderán a los inmigrantes sin papeles,
pero luego se ve que mientras están diciéndolo cruzan tienen los dedos
cruzados.
sábado, 18 de agosto de 2012
La sanidad está en venta Y también nuestra salud.
La sanidad está en venta Y también nuestra salud.
Prólogo de Vicenç Navarro
Disponer de una atención sanitaria pública, universal y de
calidad es un derecho ciudadano, independiente de la condición social o
lugar de residencia. La progresiva aplicación de políticas neoliberales, que
desmantelan el Estado del bienestar y favorecen la privatización de la
sanidad, daña nuestra salud y aumenta la desigualdad. Como si fuera una
mercancía más, la sanidad pública está "en venta": se cierran centros
de atención primaria, urgencias y quirófanos, aumentan las listas de espera,
se amplia el repago... La ciudadanía debe saber lo que nos jugamos: perder
un derecho esencial conseguido tras largas luchas sociales. El
crecimiento de un movimiento popular, participativo y valiente, que defiende
y promueve la mejora de la sanidad pública es motivo de esperanza. Este libro
puede ayudar a que la ciudadanía defienda un derecho hoy seriamente
amenazado.
GREDS-EMCONET es un grupo de investigación
del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) que tiene como objetivo principal la generación de
información científica, la transferencia de conocimiento a la sociedad y la
formación de investigadores en relación al origen, producción y acciones
políticas necesarias para conocer y hacer frente a las desigualdades sociales
en salud.
Las desigualdades sociales en salud son las diferencias
sistemáticas en salud que hay entre grupos de población, las cuales se caracterizan
por ser evitables e injustas. Las causas de estas desigualdades se
encuentran en las estructuras sociales y en el impacto que las instituciones
políticas, económicas y legales tienen en los diferentes grupos sociales.
jueves, 16 de agosto de 2012
La sanidad como mercancía.
Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía
Joan Benach es profesor de Salud
Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es
La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.
El País 16-8-2,012
La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las
conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un
bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una
pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios
públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health
Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y
curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los
países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos
estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación
pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios
con independencia de los ingresos, posición social o lugar de
residencia.
En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la
dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna
cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el
derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco
personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo
un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases
de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó
atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos
mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el
punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y
grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y
hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar
la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento
capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un
lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes
del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios
mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un
mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No
olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos
comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero
hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.
En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento
serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España.
Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la
financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de
conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria”
cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos
desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público
es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente”
que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios
son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación
científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública
es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente
finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y
tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el
tiempo de espera).
A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se
acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó
(con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de
entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y
en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en
Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el
fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del
PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el
grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa
(inmobiliaria) y Dragados (constructora).
En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa
de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en
la punta de lanza de la construcción de centros privados.
En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión
sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa
red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones
locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una
concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la
gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y
el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo
catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la
llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales
públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los
quirófanos que dejaran de operar por las tardes.
A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las
estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido
permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir
progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos,
cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo
urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de
políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata
de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la
gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases
medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá
básicamente en un sistema de y para los pobres.
Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber
“vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en shock
por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de
agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril)
que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema
tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad
social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de
personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que
nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema
financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación
de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el
protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos.
Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo
a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin
papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros
colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin
definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y
la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase
media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias
sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la
subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la
enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e
injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y
cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas
socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud
pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable
aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma
autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud
y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos,
discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese
modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta,
que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso
al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la
sanidad y la salud.
Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y
gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones,
ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el
sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención
primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud
mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no
puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que
favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a
través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un
derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar
donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que
puedan pagarla.
Joan Benach es profesor de Salud
Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es
La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.
Fuente:
lunes, 6 de agosto de 2012
CARTA ABIERTA DE UN NEUROCIRUJANO AL MINISTRO GALLARDÓN. Javier Esparza.
Viñeta de El Roto
CARTA ABIERTA DE UN NEUROCIRUJANO AL MINISTRO GALLARDÓN
Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento
El neurocirujano infantil Javier Esparza, uno de los directores médicos de su especialidad más reconocidos de España, alerta sobre las terribles consecuencias humanas de prohibir el aborto en casos de malformación grave del feto. Esparza expone desde su experiencia los sufrimientos que padecen los niños afectados por malformaciones congénitas del sistema nervioso, como la hidrocefalia congénita o la espina bífida abierta.
He sido neurocirujano durante 40 años en diversos hospitales públicos
españoles, hasta hace dos años, cuando me jubilé. En 1982, creé el
Servicio de Neurocirugía Infantil del Hospital Infantil 12 de Octubre de
Madrid, del que he sido jefe hasta hace dos años, además de haber
desempeñado otros puestos de responsabilidad: director del Hospital del
Niño Jesús en Madrid, director médico del Hospital 12 de Octubre,
secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía, secretario de la
Comisión Nacional de Neurocirugía y profesor asociado de la Universidad
Complutense.
Durante estos últimos 28 años de mi vida profesional, dedicados
exclusivamente a la neurocirugía infantil, he tenido que tratar a muchos
cientos de niños que padecían malformaciones congénitas del sistema
nervioso, como la hidrocefalia congénita o espina bífida abierta.
Desgraciadamente, he sido testigo y he tenido que enfrentarme al
tremendo sufrimiento que causan estas anomalías a las familias, pero
sobre todo a los propios niños.
Quiero suponer, pues no puedo entenderlo de otra manera, que la
intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es producto
del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades. Una de
ellas, la espina bífida abierta (o mielomeningocele), consiste en la
ausencia completa del necesario cierre de la médula espinal en el feto.
Por esta razón, el tejido nervioso normal de la médula no se
desarrollará. En este proceso también participan las ausencias de cierre
de la columna vertebral, grupos musculares e incluso de la piel en las
áreas en las que la malformación se localiza, generalmente la región
lumbar, pero también la dorsal. Así, un niño que nazca con esta
patología puede sufrir toda su vida de los siguientes problemas.
» Parálisis de ambas piernas. En los casos más graves, que
desgraciadamente podrían ser la mayoría si la ley se modificase, el
grado de parálisis será completo.
» Atrofia en estos casos de los músculos de los dos miembros
inferiores con grandes deformaciones en los pies, piernas y también en
la espalda, con desviaciones muy graves de la columna vertebral.
» Incontinencia completa de orina y de heces.
» Impotencia sexual completa.
» Hidrocefalia: crecimiento exagerado de la cabeza en el 90% de los niños.
» Malformación de Chiari II: malformación en el cerebelo.
» Siringomielia frecuente: desarrollo de cavidades anormales en el
resto del interior de la médula espinal, que pueden causar parálisis de
ambos brazos.
» Deficiencia mental en el 55% de los niños aproximadamente. Eso si
las medidas aplicadas han sido las correctas durante toda la vida.
El tratamiento de estas patologías es muy complejo, y se requieren
unidades multidisciplinarias altamente especializadas. Precisarán
numerosas operaciones realizadas por muy variados especialistas y en
diferentes etapas de la vida: neurocirujanos, traumatólogos, urólogos,
cirujanos pediátricos, cirujanos plásticos, etc. Además de necesitar
rehabilitación permanente, vigilancia pediátrica y antibioterapia muy
frecuente, añadiéndose además todo tipo de aparatos ortopédicos,
sondajes vesicales permanentemente, sillas de ruedas y un largo
etcétera.
Naturalmente, todas estas intervenciones quirúrgicas, la mayoría de
ellas muy complicadas, conllevan un número no despreciable de
complicaciones, lo que ensombrece todavía más los problemas.
Finalmente, resumiré el pronóstico vital y la calidad de vida de
estos niños. Como resultado de tantas intervenciones, su estancia en los
hospitales puede ser muy prolongada, incluso en algunos casos hasta
años de hospitalización. Es por lo tanto imposible una escolarización
correcta. Pero el colmo es que todos estos esfuerzos sanitarios,
sociales, familiares y del propio niño terminarán antes de las dos
primeras décadas, pues la mayoría de estos niños habrán fallecido, dado
que esta malformación presenta numerosas complicaciones muy tardías y
difíciles de solucionar.
Que las malformaciones congénitas del sistema nervioso son las más
frecuentes entre todas las malformaciones fetales graves es un hecho ya
muy conocido. Por ejemplo, la anencefalia (falta completa de desarrollo
de los hemisferios cerebrales) se cifra, según la prestigiosa revista
JAMA (año 2000), en seis por cada 1.000 recién nacidos vivos o muertos.
No se tienen datos exactos de la incidencia de la espina bífida
abierta en la población española antes de las actuales medidas
preventivas y de la implantación de la ley de interrupción voluntaria
del embarazo, pero se pueden citar las estadísticas del Reino Unido
(entre uno y dos por cada 1.000) o de Irlanda (tres por cada 1.000).
En Argentina, país en el que la interrupción del embarazo solo se
permite en casos de violación, pero en el que se realiza como en España
la prevención con ácido fólico durante la gestación, la cifra publicada
en al año 2000 es de 2,7 por cada 1.000 recién nacidos vivos.
En España se ha practicado durante muchos años un excelente programa
de prevención de la espina bífida, y desde la implantación de la ley del
aborto, la prevención con ácido fólico durante la gestación y el
diagnóstico prenatal de estas lesiones, la prevalencia es solo de ocho
casos por cada 10.000 recién nacidos vivos; es decir, uno por cada 1.000
en recién nacidos vivos. En sectores profesionales implicados en estos
problemas esto siempre se ha considerado como un gran avance de la
sanidad española, en comparación con periodos históricos anteriores, y
también con otros países.
Desgraciadamente, si se suprime el supuesto de interrupción del
embarazo, mucho me temo que volveremos de nuevo a cifras terribles, dado
que se trata de malformaciones frecuentes.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la natalidad
española es de 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Es decir, de
486.000 en el año 2010 y de 468.000 en 2011. Extrapolando datos,
podríamos asumir que España se colocaría en una situación similar a la
de Argentina, con 2,7 por cada 1.000 casos, o a la de Irlanda —que
permite solo el aborto por riesgo para la salud de la mujer—, que con
terapia de ácido fólico tiene un porcentaje de tres por cada 1.000 casos
en recién nacidos vivos. Así, en el caso español y continuando el
tratamiento preventivo con ácido fólico, nos colocaríamos en una cifra
aproximada de 1.200 a 1.400 casos de niños con espina bífida al año.
¿Es el Gobierno consciente de ello? ¿Cómo piensa gestionar este
problema? ¿Qué se les puede explicar a las familias e incluso a los
futuros niños? ¿Que por la decisión de un político que fue ministro de
Justicia no han podido valorar otras opciones?
No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo
evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo
imaginable. Por otra parte, siempre he creído que los Gobiernos y las
leyes deben estar al servicio de los seres humanos para ayudarlos, pero
no para castigarlos; y mucho menos por intereses posiblemente espurios.
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