Privatizando
“¿Por qué prejuzgamos que los médicos pagados por una empresa privada
son peores? Por eso ha fracasado el discurso de la izquierda”. Palabras
de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.
Un discurso tramposo: no se trata de que el ciudadano sostenga que
un médico de la pública es mejor; lo que defiende el ciudadano es una
sanidad que le ha hecho sentirse más protegido en un público que en un
privado cuando acude al hospital en un estado crítico.
El ciudadano
desea seguir teniendo derecho a una atención que no se convierta en
negocio, y entregar un hospital a manos privadas no es dejárselo a una
organización sin ánimo de lucro, obviamente.
El ciudadano sabe que en la
medicina pública no se han escatimado, hasta ahora, pruebas que un
médico estimara pertinentes y teme que la racionalización de la sanidad
se traduzca en recortes en la asistencia.
El ciudadano reconoce que los
hospitales públicos son destartalados y acumulativos, pero también sabe
de esas ambulancias procedentes de clínicas privadas que, aun con un
grado de confortabilidad mayor, carecen de medios o de personal adecuado
para afrontar ciertos delicados asuntos.
El ciudadano entiende que los
gastos sanitarios se racionalicen, pero también se pregunta por qué esa
racionalización no puede efectuarse desde la misma Administración y por
qué no se consulta al personal que conoce el funcionamiento de un
hospital público por vivirlo trabajando y sorteando sus cotidianas
dificultades. El ciudadano sabe lo que significa optimizar recursos.
Palabras positivas que esconden un objetivo perseguido desde hace años:
hacer de la salud un negocio. Seis hospitales más quedan en manos
privadas y otro, el de la Princesa, pierde su razón de ser. ¿Cuántos
puestos de trabajo se perderán en esta operación? Que nos lo cuente el
presidente dentro de un año. O antes.
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